martes, 25 de junio de 2019
martes, 18 de junio de 2019
domingo, 16 de junio de 2019
La falta de depuración del agua le ha costado ya a España 22 millones El País
La falta de depuración del agua le ha costado ya a
España 22 millones MANUEL
PLANELLES
Solo una de las nueve poblaciones por las que el Estado fue condenado hace
un año ha solventado los problemas de tratamiento. La multa seguirá creciendo,
al menos, hasta 2023
La primera condena que
obliga a España a pagar una multa a la Comisión Europea por el incumplimiento
de una norma medioambiental le ha costado ya a las arcas públicas del país
22,355 millones de euros. Es el saldo de la sentencia que dictó hace
casi un año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no
cumplir correctamente con la directiva comunitaria que obliga a todas las aglomeraciones de más de
15.000 habitantes a depurar correctamente sus aguas residuales. La
factura seguirá creciendo, al menos, hasta 2023, porque aún hay núcleos de
población que las vierten sin tratar correctamente al mar o los ríos.
España fue condenada
el 25 de julio del pasado año por no aplicar completamente una directiva (de
1991) de depuración de aguas urbanas. Esa norma se debía haber cumplido en el
caso de los núcleos de más de 15.000 habitantes antes de 2001, básicamente, con
la construcción de estaciones de depuración y colectores. Pero, tras un sinfín
de avisos, emplazamientos de Bruselas e incluso otra sentencia, hace un año
España fue condenada por los incumplimientos en 17 de esas aglomeraciones.
Por un lado, la
sentencia imponía una sanción de 12 millones de euros por los 17 casos que
debían haber quedado resueltos en 2013, según el ultimátum que Bruselas dio en
su momento. Por otro lado, el fallo imponía otra sanción semestral de 10,95
millones mientras persistan los incumplimientos. En el momento de dictarse el
fallo hace un año, todavía había nueve aglomeraciones que seguían sin depurar
correctamente sus aguas urbanas. Esas nueve, en las que habitan 379.000
personas, son: Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla
Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz), Coín (Málaga), Nerja (Málaga), Barbate
(Cádiz), Gijón Este y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife).
1991. Se aprueba la
directiva europea que obliga a que las aguas urbanas reciban un correcto
tratamiento.
2001. Finaliza el
plazo que tenían los núcleos de más de 15.000 habitantes para tratar
correctamente sus aguas.
2011. El Tribunal de
Justicia de la UE condena a España por el incumplimiento de esa directiva en 38
zonas urbanas de más de 15.000. No hay sanción y la Comisión Europea da un
nuevo plazo para que cumpla con la norma.
2018. El Tribunal de
Justicia de la UE condena a España a pagar una sanción de 12 millones por el
incumplimiento de la directiva en 17 zonas urbanas de más de 15.000. Además, se
añade una multa de 10,95 millones cada semestre mientras persista el
incumplimiento.
2019. Ocho de las 17
poblaciones aún siguen sin depurar bien las aguas, lo que hace que la sanción
ascienda ya hasta los 22,355 millones a principios de año. La previsión es que
la multa siga creciendo, al menos, hasta 2023. Porque no será hasta 2022 cuando
todas las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes de España traten bien sus
aguas antes de verterlas al mar o los ríos.
Un año después de
aquel fallo, la Comisión Europea solo ha certificado que en uno de los casos,
Tarifa, ya se depura correctamente —tras empezar a funcionar la nueva
estación—. Esto ha hecho que el primer pago de la multa semestral se reduzca,
pero solo en 595.000 euros, ya que el criterio que se emplea es el de la
población afectada y en el caso de la depuradora de Tarifa solo da servicio a
20.500 personas, señalan fuentes de la Comisión Europea. Por lo tanto, la
sentencia ya le ha costado a España más de 22 millones. Y la previsión —según
ha reconocido el Ministerio para la Transición Ecológica— es que esa factura
siga creciendo semestre a semestre hasta el 2023. Porque no será hasta 2022
cuando la última de las depuradoras en liza, la de Barbate, empiece a funcionar.
Eso, si se cumplen los planes del Ejecutivo para unas depuradoras que arrastran
años de retrasos y de litigios.
“Esperamos que España
cumpla lo antes posible por el bien del medio ambiente pero, también, para que
el Estado pueda dedicar esos recursos a otras cosas más importantes”, señalan
fuentes de la Comisión Europea. “Cuanto antes se cumplan, mucho mejor”, añaden
desde Bruselas. Esas mismas fuentes explican que el dinero que España está
abonando ya a través de transferencias bancarias va a parar al presupuesto
comunitario.
Aunque España acumula
decenas de requerimientos, expedientes e incluso condenas del Tribunal de
Justicia de la UE es realmente complicado que se llegue hasta el extremo de
pagar multas por el incumplimiento de una directiva, como ha ocurrido en este
caso. Porque el proceso establecido por la Comisión Europea ofrece infinidad de
plazos, prórrogas y salidas a los Estados para evitar las multas.
De hecho, desde 2012
solo tres procedimientos de infracción contra España han acabado en una sentencia
sancionadora, sin incluir el del tratamiento de las aguas urbanas. En total,
esos tres fallos han supuesto un montante de 56,9 millones.
Dos de esas condenas
—por valor de 53,9 millones— fueron por ayudas públicas prohibidas que había
concedido el País Vasco. Y el Estado se las ha repercutido a la Administración
vasca, según la información que el Gobierno al Congreso a finales de 2018.
En el caso de las
depuradoras, cuya construcción es una competencia municipal y autonómica, el
Ministerio para la Transición Ecológica tiene intención también de repercutir
parte de la multa a las comunidades autónomas afectadas. La construcción de
alguna de las plantas las han asumido las Administraciones regionales; otras
han sido declaradas de interés general y dependen del Estado.
Fuentes del Ministerio
para a Transición Ecológica explican que en estos momentos se está tramitando
un “procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades por
incumplimiento del derecho de la Unión Europea”, que es como se conoce el
instrumento para pasarle parte de la factura a las autonomías afectadas. Ese
procedimiento concluirá con un acuerdo del Consejo de Ministros que se debe
aprobar en los próximos tres meses, según las mismas fuentes.
España tiene abiertos
otros cuatro expedientes más por falta de depuración de las aguas. En total,
hay un millar de pequeñas localidades, pedanías y urbanizaciones que aún
vierten sus aguas residuales directamente al mar y a los ríos sin tratar o que
las tratan insuficientemente. Estos expedientes siguen su curso y podrían
también acabar en sanciones, advierten desde la Comisión Europea.
viernes, 14 de junio de 2019
miércoles, 12 de junio de 2019
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS AL: DOCUMENTO DE TRABAJO TALLERES. (Versión 10 de marzo de 2019) LIBRO VERDE DE LA GOBERNANZA DEL AGUA EN ESPAÑA AEAS
AEAS, como asociación técnica sin ánimo de lucro, con más de 45 años de historia, que engloba a los operadores de los servicios de agua urbana (abastecimiento, saneamiento y reutilización), que prestan servicio al 80% de la población española a través de modelos públicos, privados o mixtos, y que se constituyó como foro de encuentro de expertos para fomentar la cooperación, las buenas prácticas y la eficiencia en la gestión, así como la defensa de los intereses comunes, quiere someter a consideración las siguientes aportaciones al borrador mencionado.
Este documento se aporta en esta primera fase de participación en los diferentes talleres desarrollados y trata de complementar, desde la visión de los operadores de los servicios urbanos del agua, y según nuestro mejor entendimiento y criterio, la recopilación de posibles sugerencias o ideas desde todos los actores implicados.
lunes, 10 de junio de 2019
domingo, 9 de junio de 2019
Nace "El Ágora", nuevo medio de información especializado en agua
El pasado 5 de junio nació El Ágora,
Por alguna razón, cuya
justificación se me escapa, el ciudadano medio español mayoritariamente
urbanita ha perdido la cultura de valorar el agua
Presidente de
la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS)
Pero
sobre todo desconoce la complejidad, tecnificación y recursos que la sociedad, a través de los operadoresespecialistas en servicios urbanos,
emplea para desempeñar las continuadas tareas (24X365) que exigen los servicios
de abastecimiento y saneamiento.
Y ello, a pesar de los programas de
información, talleres escolares, jornadas de puertas abiertas y otros
mecanismos de divulgación que los
operadores desarrollan para explicar la razón y
tecnología asociada a la prestación de estos servicios.
Quizás la explicación hay que encontrarla
en la razonable eficiencia de estos servicios. En abastecimiento, la
continuidad del servicio y la seguridad en el suministro de agua,
siempre con aptitud para el consumo humano, sin
fallos, problemas o disminución del asumido confort. En saneamiento, porque el
agua usada y contaminada desaparece por los desagües domésticos y parece que
los ríos han mejorado gracias a la depuración de las aguas residuales.
Suelo repetir que hoy, en España, estamos
de notable en abastecimiento y que en saneamiento solo aprobamos “por los pelos”,
pero que tenemos el problema de la sostenibilidad del
mañana, del futuro cercano.
Y lo
repito porque hay claros indicios para preocuparnos por las nuevas generaciones
y por los servicios que les dejaremos que, de seguir así, seguro que serán de
insuficiente, de suspenso.
Cuando en el año 2015, como parte de una
nueva agenda de desarrollo sostenible, los líderes mundiales adoptaron un
conjunto de objetivos globales para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos,
obviamente no se olvidaron del agua. Y aunque implícitamente forma parte de la
gran mayoría de los 17 objetivos, se le ha dedicado uno específico: el número
6. Lo explicitaron concretamente como AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO.
Tengo que reconocer que las primeras veces
que me acerqué a estos objetivos, a sus premisas y sus metas, me pareció que
eran una especie de rejuvenecimiento de los Objetivos del Milenio,con
los que la comunidad mundial enfocó la preocupación global y la necesidad de
cooperación internacional a principios del siglo XXI. Sin embargo, los
encuentros con expertos nacionales e internacionales me sacaron de mi error.
Esta nueva agenda no sólo pone el foco en los países en vías de desarrollo, en
las fuertes carencias que existen a nivel mundial, sino que también indican que
es preciso centrarse en lo nacional, en lo autonómico y en lo local. Este
enfoque hacia lo cercano, lo inmediato, lo propio o lo que nos concierne como
sociedad, es esencial y definitorio de la evolución de las agendas mundiales que
se concretan en los ODS.
Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los
próximos 15 años. Para cumplirlas todo el mundo tiene que hacer su parte: los
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las personas.
Los
relativos al agua se resumen, muy sucintamente, en:
– Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y al saneamiento, a
un precio asequible para todos y especialmente para los más vulnerables.
– Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación.
– Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos.
– Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los
niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza.
– Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua.
– Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en
desarrollo.
– Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora
de la gestión del agua y el saneamiento.
Si los
analizamos en lo que nos afecta, en una primera aproximación podríamos decir
que nuestra gobernanza, administración y gestión se encuentran alineadas con
estos objetivos. Pero, no nos equivoquemos, somos una sociedad desarrollada y
debemos mantener una posición ambiciosa en relación con el máximo nivel de
cumplimiento de estas metas en nuestros territorios. Es oportuno que
profundicemos y nos hagamos alguna pregunta: ¿realmente estamos haciendo las cosas
de acuerdo a los principios y estrategias de los ODS, según nuestro nivel de
desarrollo?
Tenemos
que ser críticos y rigurosos. Parecería que el primer objetivo lo cumplimos
pero, ¿realmente podemos asegurar el nivel de calidad y seguridad en la
prestación de estos servicios a las siguientes generaciones? Desde nuestra
óptica la respuesta es negativa.
Sabemos que Europa nos está abriendo
expedientes sancionadores por el incumplimiento de la Directiva 271/91 sobre
Aguas Residuales porque los vertidos de un 15% de la población no son conformes
con las exigencias autoimpuestas. Por tanto no cumplimos.
¿Estamos
reduciendo la contaminación? Creo que no estamos trabajando con el impulso y
esfuerzo que requeriría la situación, ni preventiva, ni correctivamente.
Culturalmente
no hemos asumido todavía el criterio de mejorar la calidad de las masas de agua
─que es el gran reto de la Directiva Marco del Agua (DMA)─ y tenemos que
mejorar los mecanismos de transparencia hacia la sociedad para apoyar y
fortalecer la responsabilidad y participación de los usuarios.
Los
profesionales de la operación de los servicios urbanos del agua venimos
reclamando de nuestras autoridades cinco acciones básicas, que ayudarían al
cumplimiento de los ODS:
-Avanzar en la resolución del déficit actual de infraestructuras, con especial
enfoque en la renovación de nuestro poderoso parque actual. Ello solo se puede
hacer mediante un esfuerzo sostenido de inversión.
-Implantar procedimientos claros de recuperación de costes y establecer
criterios sostenibles para repartir las cargas, siguiendo la premisa de la DMA
respecto a la contribución adecuada por parte de los usuarios. Hay que reforzar
el papel de las tarifas, ya que demuestran ser el instrumento económico más
eficiente y justo.
-Armonizar la profusa legislación y normativa, de modo que se reduzcan las
excesivas heterogeneidades entre localidades y territorios, y establecer un
cuerpo regulador que asegure el cumplimiento del marco básico.
-Fomentar de forma efectiva, real y práctica la innovación. El empleo de la
“compra pública innovadora” por parte de las Administraciones Públicas y una
coordinación de las acciones investigadoras elevando su escala, magnitud y
sinergias, favorecerían esta apuesta.
– Debe ser promovido por todos los actores un acuerdo político y social sobre
el agua, para derivar de él una “estrategia de Estado” a medio y largo plazo.
No
quiero concluir sin insistir, también, en la importancia del ODS 17 para
avanzar en la eficiencia de los servicios urbanos. Parafraseando su propio
enunciado, se hace necesario tomar medidas para facilitar y activar las
alianzas entre actores.
En la
coyuntura actual, me preocupa que no se analice con rigor el tradicional y
exitoso papel de las colaboraciones público-privadas, que tan buen resultado y
ejemplos han dado en España desde hace siglo y medio y que, por
posicionamientos radicales sin base justificable ni real, haya responsables
políticos que pretendan minimizarlas o eliminarlas, cuando a nivel mundial
(ONU, OCDE, Unión Europea, etc.) se busca, precisamente, la integración y la
cooperación, es decir, las alianzas.
Asimismo,
me preocupa que actualmente sean tan débiles las alianzas público-públicas
entre la administración local, que es quien tiene las competencias en materia
de servicios de agua urbana, y las administraciones de rango superior. Es
preciso reforzar estas alianzas.
Para
todo ello, el ciudadano tiene que volver a reconocer la importancia y el
verdadero valor del agua y debe asumir una responsabilidad que ha perdido u
olvidado. Todos debemos contribuir a ello. La formación, la información
transparente y comprensible, así como la involución, ayudarán a cumplir
nuestras deficiencias actuales preparándonos para el futuro. Las metas
planteadas por los ODS son unos buenos referentes para conseguir el uso
sostenible y racional del agua.
miércoles, 5 de junio de 2019
martes, 4 de junio de 2019
Las siete vidas del plástico. Antonio Cerrillo. La Vanguardia
Un estudio de la Universidad
de Plymouth (Reino Unido) puso en duda recientemente que las bolsas
de plástico biodegradables o compostables lo sean realmente. Estas bolsas
han aparecido como una solución alternativa para favorecer que los plásticos se
descompongan más fácil y rápidamente y evitar su impacto en naturaleza.
Pero la referida investigación concluyó que estos materiales
pueden tardar hasta tres años antes de desaparecer. ¿Es este un mazazo
para los intentos de la industria del plástico de presentar su cara
más amable o responsable?
lunes, 3 de junio de 2019
Charlamos con Rafael Mantecón, sobre la Ordenanza Municipal de Vertidos y su adaptación a los tiempos actuales; contaminación emergente, toallitas, fármacos, drogas, etc. AguasResiduales.info
Rafael Mantecón
Pascual es Ingenierio Químico, comenzó su carrera
profesional a mediados de los años 70, en Aguas de Barcelona como técnico del
servicio de policía de cauces y asesorando a diferentes empresas del grupo
AGBAR, AQUATEC, AQUAPLAN, SEARSA, etc.
Desarrolló su
carrera profesional en EMSSA (Entidad del Medio Ambiente del Área Metropolitana
de Barcelona), primero como Jefe del Servicio de Inspección y Control de
Vertidos y finalmente como Coordinador de Saneamiento y Relaciones Externas.
Ha sido Coordinador
del Grupo de Inspección y Control de Vertidos y Presidente de la Comisión V
sobre depuración de aguas residuales de AEAS.
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