La falta de depuración del agua le ha costado ya a
España 22 millones MANUEL
PLANELLES
Solo una de las nueve poblaciones por las que el Estado fue condenado hace
un año ha solventado los problemas de tratamiento. La multa seguirá creciendo,
al menos, hasta 2023
La primera condena que
obliga a España a pagar una multa a la Comisión Europea por el incumplimiento
de una norma medioambiental le ha costado ya a las arcas públicas del país
22,355 millones de euros. Es el saldo de la sentencia que dictó hace
casi un año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no
cumplir correctamente con la directiva comunitaria que obliga a todas las aglomeraciones de más de
15.000 habitantes a depurar correctamente sus aguas residuales. La
factura seguirá creciendo, al menos, hasta 2023, porque aún hay núcleos de
población que las vierten sin tratar correctamente al mar o los ríos.
España fue condenada
el 25 de julio del pasado año por no aplicar completamente una directiva (de
1991) de depuración de aguas urbanas. Esa norma se debía haber cumplido en el
caso de los núcleos de más de 15.000 habitantes antes de 2001, básicamente, con
la construcción de estaciones de depuración y colectores. Pero, tras un sinfín
de avisos, emplazamientos de Bruselas e incluso otra sentencia, hace un año
España fue condenada por los incumplimientos en 17 de esas aglomeraciones.
Por un lado, la
sentencia imponía una sanción de 12 millones de euros por los 17 casos que
debían haber quedado resueltos en 2013, según el ultimátum que Bruselas dio en
su momento. Por otro lado, el fallo imponía otra sanción semestral de 10,95
millones mientras persistan los incumplimientos. En el momento de dictarse el
fallo hace un año, todavía había nueve aglomeraciones que seguían sin depurar
correctamente sus aguas urbanas. Esas nueve, en las que habitan 379.000
personas, son: Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla
Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz), Coín (Málaga), Nerja (Málaga), Barbate
(Cádiz), Gijón Este y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife).
1991. Se aprueba la
directiva europea que obliga a que las aguas urbanas reciban un correcto
tratamiento.
2001. Finaliza el
plazo que tenían los núcleos de más de 15.000 habitantes para tratar
correctamente sus aguas.
2011. El Tribunal de
Justicia de la UE condena a España por el incumplimiento de esa directiva en 38
zonas urbanas de más de 15.000. No hay sanción y la Comisión Europea da un
nuevo plazo para que cumpla con la norma.
2018. El Tribunal de
Justicia de la UE condena a España a pagar una sanción de 12 millones por el
incumplimiento de la directiva en 17 zonas urbanas de más de 15.000. Además, se
añade una multa de 10,95 millones cada semestre mientras persista el
incumplimiento.
2019. Ocho de las 17
poblaciones aún siguen sin depurar bien las aguas, lo que hace que la sanción
ascienda ya hasta los 22,355 millones a principios de año. La previsión es que
la multa siga creciendo, al menos, hasta 2023. Porque no será hasta 2022 cuando
todas las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes de España traten bien sus
aguas antes de verterlas al mar o los ríos.
Un año después de
aquel fallo, la Comisión Europea solo ha certificado que en uno de los casos,
Tarifa, ya se depura correctamente —tras empezar a funcionar la nueva
estación—. Esto ha hecho que el primer pago de la multa semestral se reduzca,
pero solo en 595.000 euros, ya que el criterio que se emplea es el de la
población afectada y en el caso de la depuradora de Tarifa solo da servicio a
20.500 personas, señalan fuentes de la Comisión Europea. Por lo tanto, la
sentencia ya le ha costado a España más de 22 millones. Y la previsión —según
ha reconocido el Ministerio para la Transición Ecológica— es que esa factura
siga creciendo semestre a semestre hasta el 2023. Porque no será hasta 2022
cuando la última de las depuradoras en liza, la de Barbate, empiece a funcionar.
Eso, si se cumplen los planes del Ejecutivo para unas depuradoras que arrastran
años de retrasos y de litigios.
“Esperamos que España
cumpla lo antes posible por el bien del medio ambiente pero, también, para que
el Estado pueda dedicar esos recursos a otras cosas más importantes”, señalan
fuentes de la Comisión Europea. “Cuanto antes se cumplan, mucho mejor”, añaden
desde Bruselas. Esas mismas fuentes explican que el dinero que España está
abonando ya a través de transferencias bancarias va a parar al presupuesto
comunitario.
Aunque España acumula
decenas de requerimientos, expedientes e incluso condenas del Tribunal de
Justicia de la UE es realmente complicado que se llegue hasta el extremo de
pagar multas por el incumplimiento de una directiva, como ha ocurrido en este
caso. Porque el proceso establecido por la Comisión Europea ofrece infinidad de
plazos, prórrogas y salidas a los Estados para evitar las multas.
De hecho, desde 2012
solo tres procedimientos de infracción contra España han acabado en una sentencia
sancionadora, sin incluir el del tratamiento de las aguas urbanas. En total,
esos tres fallos han supuesto un montante de 56,9 millones.
Dos de esas condenas
—por valor de 53,9 millones— fueron por ayudas públicas prohibidas que había
concedido el País Vasco. Y el Estado se las ha repercutido a la Administración
vasca, según la información que el Gobierno al Congreso a finales de 2018.
En el caso de las
depuradoras, cuya construcción es una competencia municipal y autonómica, el
Ministerio para la Transición Ecológica tiene intención también de repercutir
parte de la multa a las comunidades autónomas afectadas. La construcción de
alguna de las plantas las han asumido las Administraciones regionales; otras
han sido declaradas de interés general y dependen del Estado.
Fuentes del Ministerio
para a Transición Ecológica explican que en estos momentos se está tramitando
un “procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades por
incumplimiento del derecho de la Unión Europea”, que es como se conoce el
instrumento para pasarle parte de la factura a las autonomías afectadas. Ese
procedimiento concluirá con un acuerdo del Consejo de Ministros que se debe
aprobar en los próximos tres meses, según las mismas fuentes.
España tiene abiertos
otros cuatro expedientes más por falta de depuración de las aguas. En total,
hay un millar de pequeñas localidades, pedanías y urbanizaciones que aún
vierten sus aguas residuales directamente al mar y a los ríos sin tratar o que
las tratan insuficientemente. Estos expedientes siguen su curso y podrían
también acabar en sanciones, advierten desde la Comisión Europea.
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