La asimilación del agua como un
bien social no debe hacernos olvidar que para garantizar el suministro, la
calidad y el equilibrio medioambiental es precisa la inversión en
infraestructuras y tecnología. El enrarecido debate sobre un modelo público o
privado de gestión tiende a desviar la atención de los problemas reales del
ciclo integral del agua. Más allá de la municipalización o las concesiones,
necesitamos lograr una gestión eficiente que garantice la seguridad hídrica
tanto a nivel local como planetario.
Por Santi Serrat/ Fundación We
Are Water.
En 2010, la Asamblea General de
las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua potable
y al saneamiento, reafirmando que ambos son esenciales para la realización del
resto de los derechos. Una de las peculiaridades de este derecho universal es
que para hacerse efectivo es precisa una significativa inversión en
infraestructuras, tecnología e investigación. Sin ella no se puede tener agua
suficiente, aceptable, físicamente accesible y asequible, como reza la
resolución de la ONU, que exhorta a los Estados y organizaciones
internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la
capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países en vías
de desarrollo en su camino.
En el contexto sociopolítico, el
agua se define como un "bien público”, y por tanto es comprensible que se
tienda a pensar que deba ser administrado por entes públicos, ya que éstos
pertenecen teóricamente a todos los ciudadanos y su rentabilidad se evalúa en
términos sociales más que financieros, como la creación de empleo, la
distribución de la riqueza, las oportunidades de formación, etc.
España reemplaza la red de
abastecimiento a un 0,9 % anual, y la de alcantarillado a un 0,6%
Esta visión, muy enraizada en
amplios sectores de la población, tiende en muchos casos a rechazar la
participación de la empresa privada en la gestión del agua. Como señaló Sergio
Bitar, ex ministro chileno, en una conferencia organizada por la Fundación We
Are Water en Barcelona, en cuanto se habla de privatización del suministro
muchos se lleven las manos a la cabeza: “¿Cómo puede ser que el acceso al agua,
que es un derecho humano esencial, vaya a depender de una empresa privada?” Es
una reacción muchas veces alimentada por la demagogia política que impide una
reflexión colectiva racional sobre un hecho fundamental: para poder ejercer el
derecho humano al agua, la efectividad en la gestión es un requisito necesario
para evitar el malgasto y para que las infraestructuras construidas para el
suministro y el saneamiento sean rentables y funcionen según lo previsto.
En los recursos hídricos hay que
comprender que la eficiencia es un concepto de múltiples facetas. En general
significa "hacer más y mejor con menos”; es decir obtener más valor con
los recursos disponibles y reducir el consumo de éstos. En el caso del agua es
imprescindible además evitar la contaminación y el impacto ambiental en cada
etapa de la cadena de valor y, sobre todo, garantizar el suministro en fases
críticas.
Aunque en muchos casos las
empresas públicas son muy eficientes, las privadas parecen presentar mayor
capacidad tecnológica para lograr esta efectividad y desarrollar una política
de precios más acorde con los costes reales. A favor de esta idea está el
economista Ramón Tamames quien, en una entrevista en iAgua, asegura que
"las empresas privadas, sometidas a mucha mayor crítica y competencia en
el mercado, pueden prestar un servicio, en general, más conveniente para la
ciudadanía”.
Un debate que no debe confundir
Este debate está recorriendo
Europa con confrontaciones ideológicas apasionadas, lo que hace olvidar
frecuentemente el enfoque práctico que debe prevalecer: lograr el máximo nivel
de seguridad hídrica, algo que, frente al cambio climático, es vital en las
zonas más amenazadas por la falta de disponibilidad. España es una de ellas.
Pese a que las empresas privadas
no pueden enarbolar la exclusividad de la eficiencia, sin embargo suelen tener
la búsqueda de la excelencia tecnológica y la innovación en su ADN competitivo.
Esta cualidad se hace más evidente en los casos en los que estas empresas
trabajan con una masa crítica de usuarios suficientemente extensa para poder
aplicar I+D+i con la adecuada financiación y avanzar en el campo de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para lograr la máxima
eficiencia y garantizar el suministro en momentos críticos.
El peligro de concesionar más de
la capacidad real de la cuenca afecta a la seguridad hídrica
En la salvaguarda de la seguridad
hídrica de los ciudadanos y de la efectividad en la gestión, el modelo mixto de
concesiones aglutina buena parte de las preferencias de los expertos. En este
modelo, el Estado, propietario del agua, cede a las empresas privadas la
gestión del servicio en función de criterios de eficacia y de respeto
medioambiental. Se equilibra así, idealmente, lo público y lo privado: la
primera parte protege los intereses generales y la otra incorpora eficiencia,
innovación, tecnología y flexibilidad.
Sin embargo, este modelo presenta
dificultades sociopolíticas e hidrológicas que deben resolverse. Sergio Bitar
explicó el caso de Chile, país que ha experimentado una transición desde la
total privatización de la época de la dictadura pinochetista a un régimen de
concesiones: "El agua es un derecho humano que el Estado y la sociedad
tienen que garantizar. El Estado entrega este derecho como una concesión
renovable y ahí tenemos un debate complejo: ¿Qué condiciones deben ponerse para
las concesiones; y qué atribuciones tiene el Estado para priorizar el consumo
humano en caso de crisis? Estamos trabajando en ello y no es fácil, pues muchas
veces los derechos que se entregan en las concesiones superan el agua
disponible”.
Aquí entran en juego factores
controvertidos, como el tiempo de explotación que se otorga, que de hecho
genera una situación monopolística, y cómo repercutir en la factura del agua
los cánones que se cobran. En España, la Ley no obliga a los gobiernos
municipales a invertir dicho canon en infraestructuras o mejoras de los
servicios de agua y saneamiento, y los recientes episodios de corrupción han
intoxicado aún más el debate.
El precio del agua en el ojo del huracán
En España, como en muchas partes
del mundo, el precio del agua es el elemento más visible de esta polémica. En
la actualidad, según datos de AEAS, las tarifas actuales no cubren los costes y
en muchos casos sólo alcanzan para los gastos operativos. Sin embargo, la
factura del agua en los hogares españoles supone el 0,9 % del presupuesto
familiar, muy por debajo del 3 % que marca la ONU como límite para garantizar
el derecho de asequibilidad. Independientemente de cómo se repercuten los
costes finales, es evidente que tenemos que hacer un esfuerzo de concienciación
acerca esta situación privilegiada, especialmente si se tiene en cuenta que el
país es uno de los que más estrés hídrico sufre de la UE y está definitivamente
amenazado por el cambio climático.
También tenemos que tener muy en
cuenta que en España, reemplazamos la red de abastecimiento a un 0,9 % anual, y
la de alcantarillado, en peor estado, a un 0,6%; y que tenemos una tasa de ANR
(Agua No Registrada) del 23 %, que es el agua que se pierde en la red de
suministro. Hace falta pues inversión y tecnología actualizada para seguir
perpetuando lo que definió Alejandro Maceira, socio fundador de iAgua, como “el
milagro que supone que 45 millones de españoles y más de 50 millones de
turistas accedan al agua en cantidad y calidad suficientes todos los días del
año en una de las zonas más áridas del planeta”.
El conflicto entre lo público y
lo privado no debe ocultar donde están los problemas del agua
Por otra parte, el peligro de
concesionar más de la capacidad real de la cuenca, como señala Bitar, afecta
directamente a la seguridad hídrica, un peligro que el cambio climático no hace
más que acrecentar. La incertidumbre sobre la disponibilidad de agua en el
futuro es un tema crucial, que obliga más que nunca a tener en cuenta el ciclo
integral del agua para tomar decisiones. Esto implica tomar conciencia de lo
que ocurre más allá del grifo, tanto aguas arriba, como aguas abajo, y sobre
todo tener una visión cabal de que el agua es un bien transversal que afecta a
todos los sectores. No se pueden segmentar los problemas por cuencas ni por
municipios sin caer en una atomización anquilosante, como afirma Gonzalo
Delacámara, coordinador del Grupo de Economía del Agua y consultor de la ONU:
“En España hay una dificultad adicional al no existir un ente regulador como
tal, por lo que la regulación se realiza ad hoc en cada contrato; esto nos
lleva a una hiperregulación, que no funciona”.
La necesidad de un ente regulador
independiente, con capacidad para establecer criterios tarifarios y velar por
el cumplimiento de los objetivos de eficiencia y transversalidad en la gestión,
es una opinión compartida por la mayoría de expertos, asociaciones ciudadanas,
ambientales y operadores públicos.
Este ente, debería contemplar
siempre el ciclo integral del agua, velar por el correcto funcionamiento de los
mecanismos de acción social que evitan el desahucio hídrico y favorecer la
justa repercusión de los cánones que, en la actualidad, es muy desigual en
España.
Abocados a colaborar
Estamos ante una situación que
tenemos que resolver, pues no nos queda mucho tiempo. En muchas áreas del
planeta el agua ha dejado de ser un bien renovable y el futuro no es halagüeño.
El conflicto entre lo público y lo privado no debe ocultar donde está la
realidad de los problemas del agua, y lo más cabal, pensando a nivel global, es
lograr la justa colaboración entre ambos sectores que garantice el cumplimiento
del derecho universal al agua y al saneamiento. Esta colaboración debe crear
valor añadido y generar conocimiento y tecnología que luego pueda transferirse
a las comunidades más necesitadas. Así lo ha entendido la ONU, que considera
que gracias a la adecuada colaboración público-privada, 2.100 millones de
personas han conseguido acceso al agua potable en la última década. Aún quedan
663 millones que no pueden disfrutar de este derecho. Estamos obligados a crear
sistemas de gestión eficiente. Éste es también un derecho humano.
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