La tarifa del agua oscila hasta un 349% de acuerdo a un estudio de FACUA en 28 ciudades
La asociación reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes y penalice los consumos excesivos.
La tarifa del agua varía hasta un 349,3%, de acuerdo a un estudio
realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas domiciliarias de
agua en 2016 en veintiocho ciudades españolas (ver tabla).
Estas variaciones suponen hasta 453,60 euros al año de diferencia para una
vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador
de 15mm, entre los 48,62 euros que se pagan al mes en Alicante (la ciudad más
cara en esta categoría) y los 10,82 euros de Valladolid. Los precios comparados
incluyen los cánones y recargos que se aplican en muchas ciudades pero no
cuentan las tarifas por alquiler y mantenimiento de contadores ni el IVA.
El análisis de FACUA toma como
referencia una vivienda con tres habitantes y un consumo mensual de 10 metros
cúbicos. Tanto los usuarios con contadores de 13 milímetros de diámetro como
los que cuentan con un contador de 15 mm pagan prácticamente lo mismo que en
2015, dado que la bajada media de precios es de apenas el 0,1%. De hecho, tan
sólo siete de las ciudades analizadas han aumentado sus precios en 2016,
mientras que 19 las han congelado y en dos ciudades han bajado las tarifas.
La asociación reclama a los
ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje
mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se
penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa. Este
elemento está directamente vinculado con el ahorro y el despilfarro del agua y
el sistema tarifario que lo contemple es más equitativo para la ciudadanía.
De esta manera, los hogares con
mayor número de habitantes y por lo tanto mayor consumo, podrán demostrar que
no derrochan agua y no se verán penalizados por ello. Un precio unitario, sin
considerar el número de personas por domicilio, impide conocer quién está
realmente ahorrando en el consumo, valora FACUA.
Asimismo, la asociación considera
imprescindible una regulación garantista frente al corte o suspensión del
servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial
protección y que asegure un mínimo vital como un derecho de los usuarios. En
este sentido, FACUA recuerda que la ONU ha reconocido el agua como un derecho
humano y establece un cálculo (informe 35 sobre Derecho al Agua) que puede servir de
referencia para establecer el mínimo vital. Así, la asociación recomienda que
éste quede en cien litros por persona al día.
Para ello, es necesario potenciar
la visión del ciclo integral del agua y abordarla desde una nueva regulación
integral que garantice el acceso al suministro a toda la población, unos
precios justos y razonables, que reconozca su dimensión como derecho humano y
recurso esencial para la vida, que respete el carácter renovable del recurso,
garantice su uso sostenible, gestione la demanda para conseguir su uso
eficiente y la calidad adecuada y los valores ambientales asociados al medio
hídrico.
Diferencias
desproporcionadas
Con contadores de 13 mm y un
consumo de 10 m3, los importes más elevados encontrados por FACUA
han sido los de Murcia (con servicio gestionado por una empresa mixta), con una
tarifa de 29,34 euros al mes, Cádiz (empresa pública), 23,75 euros, Barcelona
(empresa mixta), 23,48 euros, Huelva (empresa mixta), 22,44 euros y Alicante
(empresa mixta), 21,98 euros.
En el otro extremo se encuentra
Valladolid, con un modelo de gestión privado, que no ha modificado sus tarifas,
donde independientemente de si el calibre es de 13 o 15 mm, el precio del agua
es de 10,82 euros al mes. Le siguen Zaragoza (gestión pública), con 11,31
euros, Salamanca (gestión privada), 12,49 euros, Logroño (gestión pública), con
13,692 euros y Pamplona (gestión pública), con 13,64 euros.
Para un consumo de 10 m3 con un
contador de 15 mm, las tarifas más caras mensuales son las que se abonan en
Alicante, con un importe de 48,62 euros, donde tan sólo el 0,26% de la población
tienen instalados contadores de 15mm, Murcia 29,34 euros y Huelva (24,31
euros), en los tres casos gestionadas por empresas mixtas.
Este mismo consumo con un
contador de 13 mm supone un gasto medio de 17,52 euros, mientras que si se
utiliza un contador de 15 mm, la media asciende a 18,92 euros (sin incluir el
IVA y sin tener en cuenta el coste por alquiler o mantenimiento de contadores).
En siete de las ciudades
analizadas han aumentado los precios en 2016. En algunos casos, por
modificación de las propias tarifas, mientras que en otros las tarifas se
mantienen pero suben los cánones locales o autonómicos que se aplican. Las
ciudades que suben sus tarifas son Pamplona (2,1%, por la subida de los
cánones), Bilbao (1,5%), Jaén (1%, por la subida de los cánones), Santander
(0,5%), Cádiz (0,3%, por los cánones), Huelva (0,2%, por los cánones) y Sevilla
(0,2%, por los cánones).
Número de residentes de la
vivienda
FACUA considera que el concepto
de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de residentes de la
vivienda. Por ello, la asociación cree que debe avanzarse en la facturación por
habitante, así como en la aplicación de tarifas progresivas donde se penalicen
los consumos excesivos.
En la actualidad, sólo dos de las
ciudades analizadas -Málaga y Sevilla- disponen de tarifas vinculadas al número
de personas que residen en la vivienda.
Sin embargo, hay algunas ciudades
que a partir de cuatro miembros o más en el núcleo familiar aplica tarifas
distintas, como A Coruña y Barcelona.
En otros diecisiete municipios se
tiene en cuenta si los titulares del suministro en las viviendas donde residen
más de tres personas conforman una familia o vivienda numerosa con el fin de
aplicarles tarifas más reducidas.
La asociación señala que, en
algunos casos, estos precios más bajos se aplican a todas las familias
numerosas, mientras que en otros están vinculados a renta o a situaciones como
aquéllas en las que todos sus miembros se encuentren en paro o pensionistas con
bajos ingresos. FACUA reivindica que se incluya en la estructura tarifaria
tarifas de carácter social que tengan en consideración colectivos
desfavorecidos.
Bonificaciones
La gran mayoría de las ciudades
analizadas cuentan con bonificaciones o exenciones para determinados perfiles
de consumidores, en su mayoría para familias numerosas, jubilados o
pensionistas y domicilios con todos sus habitantes en situación de desempleo.
Tan sólo Logroño y Zaragoza no cuentan con ningún tipo de rebaja o
bonificación.
Además, algunas ciudades
(Alicante, Barcelona, Sevilla, Huelva y Málaga) cuentan con un fondo social o
fondo de solidaridad para ayudar con el pago de sus facturas a familias en
situación de dificultad económica.
Por otro lado, algunas ciudades
premian el ahorro con exenciones o descuentos (Madrid, Málaga) o el bajo
consumo (Córdoba, Sevilla, Valencia)
Cánones
La mayoría de las ciudades
analizadas en el estudio de FACUA incluyen, en sus tarifas, diferentes cánones,
que pueden ser de ámbito local, provincial o autonómico. La finalidad de los
mismos, salvo alguna excepción, es destinar lo recaudado a infraestructuras de
saneamiento y depuración.
Tan sólo ocho ciudades no
incluyen cánones en sus tarifas: Bilbao, Ciudad Real, Cuenca, Madrid,
Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Zaragoza.
En seis ciudades, los usuarios
pagan en 2016 más que en 2015 por el incremento de los importes de los cánones
que aplican: Cádiz, Huelva, Jaén, Pamplona, Santander y Sevilla.
Diferencia injustificada
en las tarifas de los calibres de contador
De las veintiocho ciudades
analizadas, seis cobran precios distintos en la cuota fija de abastecimiento
y/o saneamiento en función de si el calibre es de 13 o 15mm. Los importes se
incrementan al aumentar el calibre en Alicante, Castellón, Granada, Huelva,
Madrid y Valencia. En el caso de Alicante, hay que destacar que el número de
contadores de 15 mm es del 0,26% del total de contadores.
FACUA cuestiona la existencia de
esta diferenciación de precios sobre la base del calibre del contador, dado que
no existen razones técnicas para hacerlo. Así lo recogen las especificaciones
técnicas de los propios fabricantes de contadores, así como los documentos
técnicos de algunos operadores como el Canal de Isabel II y dos resoluciones
emitidas por la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía.
Así, Canal de Isabel II señala en
un documento técnico que "en la práctica, desde un punto de vista
constructivo, de capacidad metrológica y de transporte de aguas, los contadores
de estos dos diámetros son exactamente iguales y la única diferencia entre
ambos corresponde al diámetro de las roscas de conexión". Además,
señala que "a veces, en algunos abastecimientos y por cuestiones
históricas, los contadores de 13 y 15 mm se utilizan en viviendas de diferentes
tipos".
De igual manera, una resolución
de Industria de Andalucía señala que no existen razones que justifiquen la
diferenciación de precios entre ambos contadores cuando no existen diferencias
constructivas, ni metrológicas ni de transporte de agua.
Carencia normativa
En España, el suministro
domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, que lo gestionan
desde el propio ente, consorcios o mancomunidades, o a través del otorgamiento
de las concesiones de servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Son
estas entidades las que deciden las tarifas con carácter anual. En este
sentido, FACUA reclama que los ayuntamientos y entidades gestoras den
participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las
tarifas y aprobarlas.
Por otro lado, la asociación
insiste en demandar una norma marco que regule aspectos básicos del servicio;
estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio,
reclamaciones, contratación y participación.
FACUA considera que no puede
hablarse de una gestión eficiente y eficaz del recurso si no se aborda dicha
gestión de forma unitaria e integral, en todas sus fases, desde la captación
hasta la depuración, en lo que se viene denominando Ciclo Integral del Agua
(abastecimiento, saneamiento y depuración). La regulación debe garantizar los
principios de unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua,
descentralización, coordinación, eficacia, participación de los usuarios y
transparencia en la gestión del agua, rendición de cuentas de las entidades
prestadoras de servicios de agua, garantía de calidad en los servicios públicos
y corresponsabilidad de los usuarios en la prestación de dichos servicios
públicos.
Asimismo, esta normativa debería
abarcar las indemnizaciones por deficiencias de la calidad de los servicios que
se pueden percibir en caso de cortes del suministro por motivos que no
respondan a fuerza mayor o acciones de terceros o la periodicidad de lectura de
los contadores y facturación.
FACUA considera que también deben
quedar recogidas las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los
usuarios, los procedimientos que garanticen la suspensión o la baja en el
suministro y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.
A ello se le añade la necesidad
de establecer una norma que clarifique el precio del agua y los conceptos
repercutibles a los usuarios por parte del sector, con el fin de fomentar un
modelo lo más claro posible.
La asociación también reivindica
la obligación de que las empresas que prestan este servicio cuenten con
teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios, y que estén
adheridas a procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos como el
Sistema Arbitral de Consumo.
Metodología
Para realizar este estudio, FACUA
ha tenido en cuenta el ciclo integral del agua: las cuotas fijas y variables
facturables tanto por el abastecimiento como por el saneamiento,
alcantarillado, depuración y/o vertidos, junto a los posibles cánones o
recargos relacionados con la mejora de infraestructuras, impulsión, sequía,
etc.
FACUA considera como cuotas fijas
o de servicio aquellas que hay que pagar aunque no se haga uso de las mismas,
mientras que las variables o de consumo dependen del volumen de agua consumida.
De los precios recogidos están
excluidos conceptos como el alquiler y/o mantenimiento de contadores con
importe independiente así como el IVA.
El estudio tampoco refleja la
existencia de bonificaciones a las familias numerosas para dejar fuera las
penalizaciones de consumos elevados, que en estos casos resultan justificados.
De igual modo, no se han tenido en cuenta las tarifas para usuarios de rentas
bajas.
Para evaluar las cuotas fijas y
variables de abastecimiento y saneamiento se ha tomado como referencia una
vivienda habitada por tres miembros, con periodicidad mensual. Además, se han
establecido dos consumos medios de 10 y 20 m3, obtenidos a través de
contadores individuales de 13 y 15 mm de calibre.
Según la ciudad, la facturación
puede realizarse de forma mensual, bimestral o trimestralmente, por lo que, al
objeto de realizar el estudio, se ha calculado su equivalente mensual.
El estudio no recoge otros
conceptos que influyen en el precio del agua, como son la disponibilidad y
calidad del agua en origen, la calidad del servicio prestado o la existencia o
no de subvenciones, tanto de explotación como de capital.
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