ADVERTENCIA
A COLAU. La Vanguardia 12.05.17
Agbar reclamaría
1.000 millones a Barcelona en caso de remunicipalización
La compañía estima que Ayuntamiento
y Área Metropolitana deberían compensar
una eventual cancelación del contrato del subministro con 470 millones por los
activos y 500 por lucro cesante
La compañía de aguas Agbar cifra en 1.000 millones de
euros la indemnización que el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana (AMB) deberían
pagarle en caso de remunicipalización del suministro, uno de
los principales caballos de batalla del gobierno de Ada Colau. Si se anulara el contrato actual, que finaliza en 2047,
la empresa defiende que debería ser compensada con unos 470 millones de euros
por los bienes entregados –que incluirían desde la red de tuberías hasta las
potabilizadoras– y otros 500 millones por lucro cesante, es decir, por el
beneficio que la empresa dejaría de ingresar por no prestar el servicio.
Es la primera vez que Agbar pone sobre la mesa y
cuantifica el coste de una eventual remunicipalización del
suministro de agua en el Área Metropolitana, un tema que ha generado
controversia en los últimos cinco años. Las cifras, que la filial de Suez
adelantó este miércoles a TV3 y ha confirmado a La
Vanguardia, sitúan el alcance del propósito planteado por el
ejecutivo barcelonés.
Tras la cuantificación de la indemnización que reclamaría Agbar, el gobierno municipal de Barcelona ha rehuido valorar la
millonaria suma para no entrar en una “guerra de cifras”. La quinta teniente de alcalde, Janet
Sanz, ha declarado este jueves a la agencia ACN que la remunicipalización del
agua genera un amplio consenso. Sanz ha recordado que el pleno aprobó con amplia
mayoría encargar una serie de estudios sobre las consecuencias de la operación
y ha prometido que cuando estén listos se harán públicos, aunque sin fijar una
fecha. “Pero hay una voluntad política amplia en la ciudad de recuperar la
gestión del agua”, ha defendido.
Agbar opera el suministro doméstico de agua en una veintena de municipios
metropolitanos
En noviembre el Ayuntamiento de Barcelona encargó a la empresa municipal
Barcelona Cicle de l’Aigua S.A. (BCASA) informes técnicos y jurídicos sobre la transición hacia la
gestión pública del suministro de agua en la ciudad, lo que el
ejecutivo local consideró el “primer paso” hacia la “gestión pública del agua”.
El presidente de la Cámara de Concesionarios y empresas vinculadas al sector
público en el ámbito de equipamientos y servicios (CCIES), Francesc Sibina, confirmó
a TV3 que la legislación establece que “si se interrumpe un contrato se
indemnizará al concesionario”, y lo lógico es que, si esto ocurre, Agbar
reclame una indemnización.
La compañía ha asegurado que el debate sobre la municipalización es
independiente de la resolución que finalmente adopte el Tribunal Supremo acerca
de la empresa de capital mixto creada por Agbar y el Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) en mayo de 2013 para asumir el
suministro. En esta nueva sociedad, la compañía tiene el 70% del accionariado, Criteria el 15% y la
agencia pública el 15% restante
Entidades ecologistas habían
denunciado la falta de un concurso de adjudicación que legitimara
la prestación del servicio y llevaron a los tribunales y a la UE la
nueva empresa metropolitana. La Plataforma Aigua és Vida,
que lideraba en ahora concejal de Presidencia, Eloi
Badia, estimó en 2003 que la municipalización costaría alrededor de 450 millones,
casi la mitad de lo que calcula Agbar.
Pendientes del fallo del
TS
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) declaró nula la concesión en marzo de 2016, una
sentencia no firme pendiente de ratificación o revocación por el Supremo en los
próximos meses. Desde el punto de vista de Agbar, la decisión del TS no implicaría tener que abandonar la concesión.
El presidente ejecutivo de la compañía, Ángel Simón, ya defendió hace un año
que en caso de confirmarse la nulidad no
temía perder el suministro porque el tribunal “solo” invalidaría el
procedimiento seguido al crear la empresa mixta y no la “legitimidad de la
concesión”.
En cambio, la
vicepresidenta del AMB y teniente de alcalde de Barcelona, Janet Sanz, anunció
tras el fallo del TSJC que el AMB no recurrirá la
sentencia del Supremo a fin de propiciar un nuevo modelo de
gestión.
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