DESARROLLO SOSTENIBLE
Un decálogo para una nueva economía del agua
La merma de recursos hídricos exige mejorar sus usos y
financiar todo el ciclo, incluida la restauración de los ríos
Un decálogo para una nueva economía del agua. ANTONIO CERRILLO, Barcelona. La Vanguardia 06/04/2017
La creciente escasez de recursos hídricos, unida a los
nuevos retos sobre la gestión del agua (la necesidad de financiar todos sus
costes, incluida la recuperación ecológica de los sistemas acuáticos, o la
adaptación al cambio climático), obligan a los economistas a debatir sobre cómo
manejar mejor este bien, básico para la economía y para las necesidades de
bienestar ciudadano. Éste es el pequeño diccionario que enmarca los debates del
IV Foro de la Economía del Agua celebrado en Barcelona.
1. ESCASEZ
Mejor aprovechamiento
“El uso del agua en las cuencas mediterráneas es superior a
los recursos disponibles a largo plazo”, dice Carlos Mario Gómez, director del
departamento de economía de la Universidad de Alcalá de Henares. Exist cuencas
hidrográficas con déficits de agua. Para lograr una gestión equilibrada y
sostenible “habría que reducir significativamente el uso del agua, traer
trasvases y/o disponer de recursos alternativos de desalinización o
reutilización”, señala. “De lo contrario, se seguirán agotando las fuentes
locales, especialmente los acuíferos”, destaca. Gómez propone que se combinen
los diferentes recursos hídricos y se integren las diferentes suministros de
agua para optimizar la gestión. La auténtica prueba de estrés de la economía
del agua ocurriría si se diera una sequía comparable a la de 2008
2. CAMBIO CLIMÁTICO
Planificación con vista al futuro
“La amenaza del cambio climático es escasamente considerada
en los planes hidrológicos estatales, pese a que va a tener una gran influencia
sobre la demanda” sentencia Gabriel Borràs, de la Oficina Catalana de Canvi
Climàtic. “Las reducciones de caudales en los ríos en los últimos 60 años son
evidentes, y en esta línea apuntan las proyecciones”, añade. “Hay que ordenar
el modelo productivo para que encaje con el objetivo de la adaptación al cambio
climático” (tipología de cultivos y demás), dice Borràs.
3. AGRICULTURA
La demanda agraria, el 85%
La política del agua en España ha sido históricamente una
versión sublimada de las política agraria. La lógica de dar prioridad al
regadío no ha sido superada hoy en día. El 80,5% de la demanda de agua es de la
agricultura, el 15,5% al abastecimiento de los núcleos de población y el 4% a
las industrias no conectadas a redes urbanas. Pero “el 90% del agua de riesgo
que se utiliza en España sólo contribuye a generar el 10% del valor añadido de
la agricultura”, dice Gonzalo Delacámara, director académico del Foro de la
Economía del Agua. Por el contrario, un 10% del agua genera el 90% del valor
añadido de la agricultura. Hay explotaciones (invernaderos…) con un uso
eficiente del agua, pero tienen otros desafíos: agravan la huella hídrica y la
sobreexplotan los acuíferos con productos que van a la exportación y ocasionan
otros impactos ambientales: plásticos, paisaje y contaminación por productos
químicos.
4. PRECIO
El reto de internalizar los costes
Gabriel Borràs recuerda que “los usuarios han de pagar los
costes del agua” y que las tarifas deben internalizarlos. Lo reclaman las directivas
europeas. Esto es clave para dejar de subvencionar infraestructuras costosas e
ineficientes y evitar malos ejemplos como el canal Segarra-Garrigues, dicen
otros expertos. El camino está por hacer: se han recuperado los costes del
ciclo del agua urbano en zonas con mayor escasez de agua (Catalunya, Murcia,
Baleares, Canarias, Madrid o Comunidad Valenciana,), donde probablemente tienen
precios suficientes para recuperar los costes financieros del servicio. “Pero
no hay evidencias de avances en la recuperación de costes en agricultura,
ganadería, energía e industria no integrada en redes urbanas”, dice Carlos
Gómez. Tampoco hay un diseño financiero que permita recuperar los costes o la
viabilidad financiera de las desalinizadoras del programa Agua. El Gobierno
afirma que en estos momentos cumple con las obligaciones de transparencia y de
avance hacia una mayor recuperación de costes, lo que cuestiona abiertamente
Borràs y diversos sectores en la UE, con lo que España mantiene una
controversia.
En Catalunya, la falta de ingresos para financiar las
infraestructuras hidráulicas en las cuencas de esta comunidad y el enormente
endeudamiento de la Agència de l’Aigua ha provocado un gran paralización de las
inversiones pendientes durante unos 8 años.
5. CONSUMO.
Desacoplar el gasto del agua y la economía
“Me atrevería a afirmar que no se consume más agua que hace
unos años; otra cosa es que consumimos más de la que debemos y de la que pueda
haber en el futuro”, señala Carlos Gómez. Los consumos urbanos por habitante
han disminuido desde 2010 sin que haya habido un aumento demográfico. No se
dispone de estadísticas recientes de la agricultura. La actividad industrial no
ha aumentado y no hay motivo para pensar que lo haya hecho el uso del agua. La
hipótesis más probable es que en la última década España ha llegado a la
cúspide de su consumo de agua y que forma parte del grupo de países
desarrollados cuyo crecimiento económico está desacoplado del aumento del
consumo de agua. “No es un gran triunfo, porque, en cualquier caso, eso es algo
que la mayoría de los países europeos alcanzaron hace bastantes años”.
6. RECUPERAR LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
Mucho más que sanear ríos
La directiva marco del agua señala como objetivo clave
recuperar el buen estado ecológico de las masas de agua (ríos y acuíferos).
Esto supone complementar la política para acumular recursos hídricos mediante
los diversos sistemas con planes para reducir la demanda y aumentar la
eficiencia y la reutilización en la industria y otros sectores. Hay que poner
menos énfasis en la oferta y más en la demanda. Se propone para pasar de las
infraestructuras grises (embalses, depuradoras...) a las infraestructuras
verdes. Es decir: revertir la artificialización de la costa (que sufre graves
daños con las inundaciones) o restaurar los sistemas acuáticos inundables de
manera natural (para dejar de tener ríos convertidos en canales encajonados) y
fijar objetivos sobre investigación en adaptación al cambio climático.
7. REMEDIR IMPACTOS AMBIENTALES
Quien contamina paga
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha dado la razón
a los municipios de la comarca de La Ribera en Valencia que rechazaban los
sobrecostos que causa el uso de agua de origen contaminada la actividad
agrícola y ganadera. El jueces sentencian que “quien contamina paga” y
refuerzan los argumentos de los ayuntamientos ribereños, que han defendido el
derecho a no pagar esos extracostes, y pasan la pelota a las administraciones
superiores para que les provea recursos hídricos adecuados. En Catalunya, la
empresa Iberpotash, que explota las minas de potasa del Bages, no asume
íntegramente los costes ambientales derivados de su actividad, que expulsa
residuos salinos hacia el Llobregat, según un informe del Estudio Ramon Folch
de 2012, que proponía diversas soluciones para mitigar ese impacto.En los
últimos 30 años, la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha destinado al menos 200
millones a paliar la salinización del Llobregat, abastecedor de la región
metropolitana de Barcelona. La empresa Iberpotash asegura que cumple lo que la
Generalitat le dice. Aún no se sabe en qué proporción cómo se pagará el nuevo
colector encargado de recoger las salmueras, evitar que vayan a río y llevarlas
hasta el mar. En cambio, la empresa Ercros se libró de pagar la descontaminación
del embalse de Flix en el Ebro, sufragada con dinero público, europeo y
español.
8. DESALINIZADORAS
Instalaciones infrautilizadas, Europa vigila
El Gobierno del PSOE promovió desde el 2004 la construcción
de 17 grandes desalinizadoras. Sin embargo, su utilización es bajísima: ronda
el 17%. La UE ha amenazado a España con sanciones si no se les da el debido
rendimiento porque se han pagado con fondos estructurales europeos”, recuerda
Gonzalo Delacámara.
La infrautilización no es fruto de la mala fe o el
desconocimiento –pues España ha adquirido una gran experiencia en esta
tecnología y es el quinto país de mundo en potencia instalada en el sector–, sino
que se debe a que el agua desalinizada no es competitiva. Los regantes de la
cuenca del Segura, por ejemplo, no quieren pagar 1 euro por m3 de agua
desalinizada cuando la obtienen de pozo, a veces clandestinamente, a coste casi
cero, y también les resulta mucho más barata si es del trasvase Tajo-Segura.
Los expertos recomiendan usar el agua desalinizada cuando la disponibilidad de
recursos hídricos a largo plazo sea menor que la demanda actual o proyectada, o
cuando se da una sobreexplotación de los recursos hídricos. “En estas
situaciones, deberíamos usar todos los recursos disponibles; y no buscar solo
soluciones particulares. Si las desalinizadoras funcionaran a un mayor nivel,
el coste unitario de producir agua descendería”, señala Gonzalo Delacámara, que
reclama incentivos para lograrlo. “Aun así hay que afrontar los desafíos
energéticos, el tratamientos de las salmueras...” y otros asuntos derivados del
uso de esta tecnología.
Las desalinizadoras españolas han recibido más de 821
millones de eros en fondos públicos de la UE entre el año 2000 y el 2013. En
abril del 2016, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo instó al
Gobierno a que utilizase las desaladoras construidas en la costa mediterránea,
tras la visita de 11 parlamentarios europeos a cuencas deficitarias en febrero
de 2016.
9) PAISES EN DESARROLLO
Atrás ha quedado la vieja visión de la OCDE y sus
recomendaciones para los países del tercer mundo. El antiguo enfoque partía de
la base de que simplemente fijando un precio para el servicio del agua, se
solventarían todas las carencias en el tercer mundo (670 millones de personas
sin acceso mejorado al agua o 2.400 millones de personas sin acceso al
saneamiento). Pero las cosas son más complicadas; a veces, los acuíferos tienen
connotaciones espirituales. Las protestas ciudadanas ante la carestía del agua
o las demandas de remunicipalización son respuestas a este mal enfoque. “El
objetivo no debe ser cobrar más por el agua sino resolver los problemas y
garantizar el bienestar de las personas con los recursos disponibles”, explica
Carlos Mario Gómez.
10. BUEN GOBIERNO
Participación, receta para prevenir las ‘guerras’ del agua
“Cualquier crisis del agua es una crisis de gobernanza”,
resume Gonzalo Delacámara, que aboga por un modelo que refleje la colaboración
entre los sectores públicos y privado y la sociedad civil, y que no sea
excluyente.
“Los nuevos actores sociales no están reconocidos en los
órganos de participación; oenegés ambientalistas, de defensa del río Tajo o
Ebro o entidades que promueven el uso recreativo o el turismo sostenible”, dice
Julia Martínez, directora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que denuncia
las tramas de corrupción ligadas a las obras hidráulicas (Acuamed).
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