La inmensa mayoría de los ciudadanos no tienen una idea clara de
lo que es, lo que conlleva y lo que representa, la gestión del agua en su
población. Los usuarios del servicio público de agua, allí donde existe,
necesitan y exigen agua potable y que sus aguas residuales sean recogidas y
depuradas de manera segura. Para que estos servicios
públicos respondan a las necesidades de los consumidores, y de las autoridades,
deben ser de buena calidad, fiables, y su coste optimizado. Los
costes son siempre soportados por los usuarios como consumidores, a través de
las facturas de agua, o bien como ciudadanos a través de los presupuestos
públicos. Y todos sabemos que el buen desempeño en los servicios de agua y saneamiento requiere medios y competencias
adecuadas, fundamentalmente jurídicas, financieras y operacionales. Contar con
una empresa privada para asegurar estos criterios es una de las opciones con
las que cuentan las distintas Administraciones responsables y titulares del servicio.
La
participación privada contribuye y vela por el cumplimiento del derecho humano
al acceso al agua y al saneamiento, en las condiciones propuestas por la ONU.
Desde hace tiempo circulan
muchas ideas falsas sobre el trabajo que realizan las empresasprivadas que gestionan servicios
públicos del ciclo del agua en poblaciones. Los operadores privados, controlados por las
Administraciones públicas responsables legítimas del servicio, son muchos menos
numerosos que los públicos. Sin embargo son mucho más visibles que las otras
alternativas de gestión elegidas por las Administraciones porque concentran los
comentarios y prejuicios que estereotipan a la empresa privada. Como el
trabajo de los operadores privados está reglamentado, formalizado, y es
transparente para controles externos y difusión de informes detallados de
gestión, su acción es mucho más conocida dentro de los informes institucionales
o académicos, que la de otros operadores. Además el morbo de la gente es mucho
más intenso hacia lo privado que hacía lo público, y las expectativas son
mayores. En definitiva el grado de conocimiento de la forma de trabajar de las
empresas privadas del servicio público del agua es mucho mayor que la de
cualquier otro tipo de gestor de este servicio. La cantidad de artículos y estudios sobre los operadores privados
es desproporcionada en relación a su participación en el sector de servicios de
agua y saneamiento. Y las
informaciones que aparecen en muchas ocasiones no responden a la realidad, son
interesadas y excluyentes, solo contemplan como opción posible la gestión
pública demonizando la gestión indirecta y, además y esto es lo más grave desde
la vertiente de comunicación, difunden medias verdades. Analicemos algunas.
“Han privatizado al agua”. El agua nunca se privatiza, siempre es de
dominio público. En España está garantizada esta titularidad
desde el siglo XIX (Ley de Aguas de 1879). Pero la ley permite que el titular
del servicio, la Administración Local para la gestión urbana, pueda optar por
realizar la gestión del servicio directamente o indirectamente mediante
contrato con una compañía especializada, por concesión o empresa mixta. El
Tribunal Constitucional ha señalado recientemente que “un servicio no deja de
ser público porque sea prestado por funcionarios o por empleados, mientras sea
de titularidad pública”.
“La gestión privada no garantiza el derecho humano al agua”. Una afirmación tendenciosa y demagógica, falsa
a todos los efectos. El derecho humano al agua, entendido como las condiciones
a cumplir propuestas por la ONU, deja libertad a los Estados a la hora de
decidir cómo gestionar este servicio de acceso universal. La participación
privada también contribuye y vela por el cumplimiento del derecho humano al
agua. Tal y como indica Catarina de Albuquerque, la relatora de la ONU, sobre
el derecho humano al agua y el saneamiento: “Apoyé la Iniciativa Ciudadana
Europea (ICE) sobre el agua, pero también la he criticado porque sus autores
vinculan el reconocimiento del acceso al agua y al saneamiento como derecho con
la prohibición de la participación del sector privado. Los derechos humanos son
agnósticos en cuanto a la forma de prestación de servicios. Puede y debe darse
la participación del sector privado. Las grandes multinacionales de agua
prestan servicio al 3% o 4% de la población mundial, mientras que los pequeños
proveedores lo hacen al 25%. Mucha gente no tendría acceso al agua sin esta
participación privada.”
Hace falta
más comunicación desde el sector del agua, en cantidad y en calidad, para que
los ciudadanos puedan contrastar y formarse una opinión sobre algo fundamental
para su calidad de vida.”
El Parlamento Europeo aprobó
la Iniciativa Ciudadana Rigth2Water que proponía la consideración del acceso al
agua como un Derecho Humano. Pero señala que los Estados miembros tienen la
obligación de garantizar este acceso “con independencia del proveedor”. De este
modo el Parlamento Europeo desliga la consideración del acceso al agua y al
saneamiento como un derecho humano respecto de la naturaleza pública o privada
de la empresa que preste el servicio. Destaca también que el agua debe ser un
derecho “asequible”, término que en ningún caso puede interpretarse como que el
servicio debe ser gratuito.
“El agua, por ser un derecho humano, debe de ser gratuita, al
menos en una dotación mínima por persona”. ¿Quién
dice eso? El derecho humano al agua, señala la ONU, es el derecho
de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible
físicamente, y asequible para el uso personal y doméstico. Y lo cuantifica en
las siguientes medidas: Suficiente (entre 50 y 100 litros por persona y día),
salubre (estar libre de microorganismos, sustancias químicas y amenazas
radiológicas que constituyan un riesgo para la salud), aceptable (debe de
presentar olor, color y sabor aceptables) accesible físicamente (la fuente de
agua debe de estar a menos de 1000 metros del hogar y el tiempo de recogida no
debe superar los 30 minutos), asequible (el coste de los servicios de abastecimiento y saneamiento no debe superar el 3 %
de los ingresos del hogar, no afectando a la capacidad de las personas de
adquirir otros servicios esenciales). Además la Directiva Marco del Agua
europea (DMA) señala que las tarifas deben servir para recuperar el coste
real del servicio. ¿Gratuita?
“El precio del servicio lo impone la empresa operadora”. ¡Que más lejos de la realidad! El responsable
de fijar y modificar las tarifas del servicio de gestión del agua en los
municipios es el Ayuntamiento. Así se establece en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. La tarifa es aprobada siempre
por la autoridad competente, por periodos de tiempo determinados, tras el
análisis y justificación de los gastos y de las inversiones que refleja la
actividad del operador, sea público o privado, de acuerdo con las características
y necesidades que el servicio presenta en cada municipio.
En esta línea se podrían analizar y aclarar muchas más
cuestiones que están siendo difundidas como verdades cuando sólo son
interpretaciones interesadas de una realidad contrastable. Es muy posible que
tanto las empresas como las Administraciones públicas seamos los primeros
responsables de estas inexactitudes e intoxicaciones mediáticas. Seguramente
vengan motivadas por la falta de información, algo que deberíamos corregir para
alimentar al entorno mediático con datos contrastados y veraces. Una vez más
revindico que hace falta más comunicación desde el sector del agua, en cantidad
y en calidad, para que los ciudadanos, que de tontos no tienen un pelo, puedan
contrastar y formarse una opinión propia sobre algo fundamental para su calidad
de vida.
Las
Administraciones Públicas y las empresas que colaboramos con ellas en la
gestión de servicios públicos del ciclo del agua no hemos sabido transmitir el
valor de la tarea que llevamos a cabo cada día. La inmensa mayoría de la gente
desconoce lo que supone en coste, tecnología, especialización y dedicación,
contar con un buen servicio, un excelente servicio “24_7_365” como el que
tenemos en España por
ejemplo, y sólo lo aprecia, en negativo, cuando falla. Muchos ciudadanos de
nuestro entorno están convencidos que el servicio del agua forma parte del
“pack ciudad” y que es gratis de inicio, no conciben una ciudad sin agua
corriente y saneamiento pero cuestionan si deben pagar por disfrutarlo.
Así pues, la comunicación, basada en mensajes reales, coherentes
y veraces, debe ser una constante del sector del agua en beneficio de una
sociedad que, cada vez más, demanda soluciones socialmente aceptables y
financieramente viables que no comprometan la sostenibilidad del entono y de
los recursos. Y, más allá de posturas ideológicas, a los ciudadanos les da
igual quien les preste el servicio.
(Publicado po iagua)
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