La situación de los últimos años,
cuando la crisis favoreció que los Ayuntamientos lanzaran una oferta general de
venta de los servicios de agua a empresas privadas para hacerse con dinero, ha
comenzado a revertir. El último
cambio político municipal ha llevado a decenas de ciudades a rescatar las
empresas o a aprobar medidas para blindarlas ante posibles privatizaciones.
Santiago de Compostela, Valladolid, Vitoria o Sevilla son algunas de las
capitales que han abierto la senda para que los grifos vuelvan o sigan en manos
de los vecinos, mientras las empresas
del sector defienden que la colaboración es la mejor fórmula.
La capital gallega ha empezado el
camino del rescate. Xan Duro (Compostela Abierta), miembro de la Junta de
Gobierno Local, tiene claro que, “pese a que la legislación ha puesto muchas
trabas”, recuperarán el servicio, cuya concesión acaba en 2019. Le mueven
diversos motivos: la declaración de la ONU en 2010 que reconoce el agua como un
derecho humano, razones
económicas –Duro
defiende que como mínimo pueden conseguir un 30% de ahorro que revertiría en
los ciudadanos- y evitar la supuesta corrupción. El sumario del caso Pokemon incluye “presuntas adjudicaciones
ilícitas de contratos y servicios” a sociedades privadas de agua.
“Con la
empresa estamos perdiendo dinero y calidad”, justifica un técnico de la entidad
encargada del suministro en Valladolid y que ha pasado por los dos modelos de
gestión. A raíz de esta experiencia, afirma claramente que la sociedad
municipal es “mejor y perjudica menos al ciudadano”. La concesión
caduca en dos años.
Gregorio
García, presidente del comité de Aguas de Valladolid, coincide con su
compañero. “Los trabajadores lo tenemos muy claro”, afirma para explicar que
una sociedad municipal persigue el servicio al ciudadano y una privada, “el
lucro a costa de lo que sea”. Su balance de la última gestión empresarial es
contundente: subida de
tarifas, pérdida de
calidad y una peor
atención al público.
El primer
pleno de Vitoria se dedicó a blindar el servicio público al aprobar, con el
apoyo de PSE, PNV, Bildu y Podemos, el Pacto Social por el Agua, una iniciativa
promovida por más de 300 asociaciones, organizaciones y partidos que pretende
evitar la gestión privada y defender este recurso como derecho humano. El PP se
abstuvo.
El
concejal socialista Peio López de Munain defiende la importancia de esta medida
tras unos años de gobierno del PP que, según afirma, intentó abocar a la
privatización mediante la descapitalización de la sociedad municipal y poniendo
en riesgo su viabilidad con “excusas para meter la mano en la caja”.
El Pacto
Social por el Agua ha empezado a
recorrer cientos de plenos municipales. En Toledo lo promueve IU
que, según el responsable de servicios públicos de esta formación, José María
Fernández, pretende aunar las voluntades políticas y de los ciudadanos,
imprescindibles para blindar el carácter público de un servicio fundamental.
Este representante de IU enarbola
las conclusiones de un informe tras siete meses evaluando a las empresas
privadas del sector que operan en la provincia: no hay transparencia al
anularse cualquier opción de licitación, disminuye la calidad del agua y del
empleo, se pierde dinero por el “chantaje” que supone la cláusula de equilibrio
financiero –"si hay beneficios se lo lleva la empresa y si hay pérdidas
paga el ciudadano", explica- y falta eficacia.
Sevilla,
con una histórica empresa pública metropolitana (Emasesa), también se va a sumar
al pacto social. El nuevo alcalde, Juan Espadas (PSOE), ya ha empezado a
establecer medidas incluidas en este acuerdo, como impedir los cortes de
suministro por impago, pero quiere que el compromiso
con un derecho humano como el agua pase
por el resto de ayuntamientos de los que dependen un millón y medio de vecinos.
Espadas
cree que el PP, que gobernó hasta las pasadas elecciones en la capital, tenía
una “agenda oculta” para favorecer la privatización si llega a mantenerse en el
poder. El nuevo equipo municipal, del PSOE con apoyo de IU y Participa Sevilla,
rechaza esta posibilidad y quiere comprometerse con los principios del Pacto
Social, como el establecimiento de garantías de suministro de un mínimo vital y
favorecer una gestión participativa. “No es politizar sino primar los intereses
generales”, defiende Espadas, quien se ha comprometido a “revisar y reforzar
los protocolos de la entidad” con el fin de asegurar una actuación “sensible”
con las circunstancias sociales.
En este
aspecto coincide el gerente de la asociación de operadores públicos Aeopas,
Luis Babiano, quien destaca que el pacto social es una “hoja de ruta” que va
más allá de la defensa de un sistema de gestión y pretende crear un nuevo
modelo económico, ambiental y social al servicio de los ciudadanos, en el que
la prioridad sean las personas y la participación de las mismas. "El Pacto Social del Agua no solo supone la
paralización definitiva de la privatización de nuestra agua sino que sienta las
bases para la creación de un modelo público 100%, transparente y participativo.
Debemos imaginarnos una ciudad más inclusiva, donde el agua sea de todas las
personas", afirma.
Las
asociaciones en las que se agrupan las
principales empresas privadas de gestión de servicios defienden que su labor en solitario o en colaboración con
sociedades públicas es positiva. Estas consideran que la fórmula es tomar lo
mejor de los sectores público y privado para suministrar un servicio de
calidad.
El
presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento
(AEAS), Fernando Morcillo, durante unas jornadas tituladasUn pacto social del agua ¿es necesario?,
defendió que los retos prioritarios del sector son otros: el déficit de
inversión en infraestructuras del agua, la cobertura
de costes y la
armonización, transparencia y responsabilidad ciudadana.
Sobre los
costes, defendió un aumento progresivo de los mismos para adaptarse a la
normativa europea y al incremento de la demanda, sin que repercuta de manera
significativa en las economías familiares.
(Información obtenida de aguasresiduales.info)
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