Gerente General (MBA) en empresas sanitarias, Dirigió
creación de la empresa sanitaria ECONSSAChile, Participó por el Estado en el proceso
de transformación en empresa de los servicios sanitario. Autor del libro La
Industria Sanitaria en Chile
(publicado por iagua)
Existen países que han explorado la incorporación de privados
a la gestión del agua potable y alcantarillado, pero es su mayoría han vuelto a
la gestión pública. Al parecer, solo dos países, Inglaterra y Chile, han realizado
privatizaciones radicales de los servicios de agua potable y alcantarillado y
siguen vigentes.
Estos procesos fueron implementados a finales de los 80. En ambos casos,
tuvieron una influencia de la Escuela de Economía de Chicago, liderada por el
premio Nobel de Economía (1976) Milton Friedman, padre del actual
neoliberalismo. Este “domicilio político y económico" del modelo provoca
cierta crítica adicional y que es plenamente comprensible.
To be or not to be, esa no es la cuestión. Si son las mismas
exigencias de resultado en un mismo marco jurídico y se cumple el objetivo
pierde la relevancia si el operador es público o privado
En Chile, el marco normativo (Ley de tarifas, explotación de concesiones
y otras, además de la creación de la Superintendencia de Servicios
Sanitarios. SISS) fue
promulgado entre el año 1989 y 1990. El inicio del proceso privatizador se
realizó cerca de diez años después a partir de 1998. En estos 10 años, fueron
las empresas sanitarias del Estado y el organismo fiscalizador la
Superintendencia de Servicios Sanitarios los que se hicieron cargo de desplegar
e implementar el nuevo modelo, incluido la aplicación de la tarifa de “costo
real”, este fue uno de los factores que visibilizó el marco jurídico. El hecho
que sea el Estado quien haya aplicado los incrementos tarifarios para eliminar
el subsidio, disminuyó la desconfianza de la comunidad frente al proceso y
facilitó de alguna manera su instalación, no sin que la comunidad dejara de
manifestar su malestar por esa medida. El dejar a los privados que hicieran los
ajustes tarifarios fue uno de los errores cometidos en estos proceso en América
Latina.
En el caso Ingles, tanto la normativa y la privatización se
realizaron entre 1986 y 1989, período en que se dictó la Ley del Agua, se creó
la Autoridad de Regulación de los Servicios del Agua (Ofwat) y se implementaron
las empresas regionales de servicios del agua.
El modelo chileno, ya tiene 27 años de operación y más de 15
años con la incorporación de privados a la propiedad y la gestión de estos
servicios, esto no significa que no hayan existido conflictos, deficiencias o
criticas, pero lo importante es que se han podido resolver dentro del
modelo.
En Chile, el año 2014 se logró llegar al 100% de cobertura de
los servicios sanitarios, incluida el tratamiento de la totalidad de las aguas
servidas, dejando al país en una destacada posición mundial con inversiones
privadas cercanas a los US$ 6.000 millones entre los años 2000 y 2015, sin que
el Estado haya aportado recursos, salvo el subsidio estatal dirigido al pago de
la cuenta de los clientes más vulnerables económicamente, con un costo fiscal
aproximado de US$ 100 millones anuales. Este subsidio llega a unas 750.000
familias y significan un 6,4% del total de las ventas ($) anuales de la
industria. Su financiamiento en parte, es con los impuestos a la renta que
pagan las empresas privadas de agua potable y alcantarillado vía tributaria.
Este logro del acceso universal urbano al agua potable y saneamiento y la
sostenibilidad del modelo, es consecuencia de una alianza estratégica
púbica-privada de largo plazo, donde cada uno cumple su rol, los privados
operan e invierten y el Estado fiscaliza y regula.
Son conocidos los casos de gestiones operacionales fracasadas
y exitosas tanto públicas como privadas. Decidir una u otra no asegura de
ninguna manera una gestión eficiente, son otros los temas importante, por
ejemplo: Tarifa, Inversiones, medición del consumo, que el operador rinda
cuenta pública de su gestión, aspectos culturales locales, etc
El modelo chileno, no está diseñado exclusivamente para los
operadores privados, por el contrario, al modelo le es indiferente la propiedad
de los activos, incluso se puede renacionalizar el agua y el marco jurídico no
debería modificarse.
Las exigencias y las reglas del juego son iguales para todos los operadores de
servicios de agua potable sean estos públicos o privados, de igual manera que
las tarifas son iguales para todos los consumidores domésticos o industriales.
El control técnico y normativo está a cargo de un solo
organismo del Estado (Superintendencia de Servicios Sanitarios) que tiene
facultades fiscalizadoras y regulatoria, fundamentalmente en el cálculo de la
tarifa cada 5 años, controlando permanentemente el cumplimiento de los planes de
inversiones, la calidad y continuidad de los servicios sancionando al operador
en caso de incumplimiento.
En la actualidad, en Chile existen 4 tipos de operadores de
servicios sanitarios, ellos son:
a) Empresas sanitarias de propiedad de privados (4 Empresas) que compraron las
acciones de las Empresas del Estado y son dueñas indefinidamente de los activos
y la concesión. Actualmente, estas controlan el 68% del mercado que equivales a
uno 3,4 millones de clientes y unos 10,8 millones de personas.
b) Empresas sanitarias privadas concesionadas (8 Empresas) que adquirieron
mediante un contrato a las Empresas del Estado la transferencia del derecho de
explotación de las concesiones sanitarias por 30 años de operación. En este
caso, los inversionistas no son propietarios de los activos, estos siguen
siendo de propiedad de las Empresas del Estado. Al final del período, se
devuelve las concesiones a la Empresa del Estado con toda la infraestructuras,
incluso con aquellas que construyo el privado en el período del contrato.
Actualmente estas empresas operan un 25% del mercado que equivale a 1,5
millones de clientes y unos 4,8 millones de personas.
c) Empresa sanitaria municipal (1 Empresa) De propiedad del
Municipio de Maipú que es la segunda comuna con mayor población del país
(600.000 personas) y representa el 5% del mercado que equivale a 200 mil
clientes.
d) Empresas sanitarias privadas pequeñas (47 Empresas) que son dueñas de
los activos y representan un 2% del mercado, abastecen a unos 30 mil clientes y
unas 96 mil personas.
Aun cuando internacionalmente, existe un largo tiempo
transcurrido en la operación de estos servicios tanto públicos como privado,
continuamos en este debate como si solo esto determinara una buena gestión para
lograr el objetivo de dar acceso universal a estos servicios. Actualmente
existen planteamientos de sectores de la sociedad que demandan “renacionalizar”
o “remunicipalizar” el agua como se está exigiendo en España y en otras
partes del mundo. Estas expresiones son la expresión del malestar y
desconfianza de algunos sectores de la comunidad, que no le es aceptable que
las empresas privadas se beneficien o lucren con el recurso agua y menos con un
servicio tan vital como este. Por otro lado, también existen sectores que no
aceptan que sea el Estado el que gestione estos servicios debido a su falta de
gestión adecuada, falta de recursos económicos para realizar las inversiones y
una politización de ellos. Estos planteamientos son legítimamente válidos
de ser exigidos, analizados y debatidos públicamente, pero con una mirada más
amplia entendiendo que el objetivo final es ampliar y permitir el acceso de
toda la población a un servicio de agua potable y saneamiento, a un precio o
tarifa justa, que permita la sostenibilidad económica en el tiempo y un
servicio continuo de calidad, sin que sea un impedimento quien lo opere.
En América Latina llevamos años sin lograr las coberturas
eficientes de agua potable y más grave aun es la situación del saneamiento,
donde existen señales que no se cumplirá la meta ODS de las NU de dar cobertura
a la comunidad de esto servicios. Cada año que los Estados se retrasan en la
obtención de la meta, estamos colaborando eficientemente a aumentar, a lo
menos, las desigualdades sociales y las enfermedades entéricas en nuestra
población. Centrarse en una discusión bipolar si debe ser público o privado, no
tiene mucho sentido. Se debe evitar al operador ineficiente y corrupto, que no
entregue un servicio adecuado a un precio justo y de acceso universal, sea
quien sea el operador.
Convertir los servicios de agua y saneamiento en un
instrumento político, es tan grave como asumir que estos servicios son un bien
de consumo que responden a las reglas de la oferta y demanda
El Estado no pueden renunciar a su obligación de fiscalizar y
asegurar a la comunidad el derecho humano de tener acceso universal al agua
potable y saneamiento, prescindiendo de quién realiza la gestión. Para cumplir
este objetivo, se debe buscar el mejor mecanismo o modelo, lo importante es que
se cumpla el objetivo.
El debate no se puede restringir o limitar si la gestión del
agua potable y el saneamiento deben ser pública o privada, también deben
incluirse temas como se obtienen los recursos económicos, como el Estado o
privados financiarán la operación e inversiones, como deben ser los mecanismos
de regulación y fiscalización. Esta institución fiscalizadora debe estar en
manos del Estado (no del gobierno) con una gobernanza corporativa robusta,
autónoma técnicamente con personal calificado, contar con recursos adecuados y
que se rinda cuenta pública anual de su gestión y del uso de los recursos.
To be or not to be, esa no es la cuestión, no es solo si el servicio de agua
potable y saneamiento es público o privado, en ambos casos se conocen de
operaciones o gestiones fracasadas, con negativas consecuencia. Lo importante
es lograr que la comunidad mejore su calidad de vida y su salud, teniendo
acceso seguro al agua potable y saneamiento de calidad, en forma permanente,
sostenible en el tiempo y a precios "justos" y la cuestión no es
quien opere los activos.
